Con la creación del Reglamento Veri*factu, nos encontramos ante una evolución significativa en la facturación en España. Este reglamento, que ya ha sido estudiado por los expertos fiscalistas tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), promete transformar el panorama fiscal para las pymes, microempresas y autónomos.

 

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Este real decreto tiene como eje central la modernización de la infraestructura digital de las empresas más pequeñas y la optimización del cumplimiento tributario respecto a la obligación de facturación existente. El Gobierno afirma que esta medida es un pilar fundamental en la evaluación de las reformas contra el fraude fiscal.

Códigos QR en las facturas

 

Una de las reformas más destacadas es la inclusión de un código QR en las facturas, una herramienta que convierte a cada receptor de la misma en un potencial colaborador de la Agencia Tributaria. Mediante este código, tanto empresas como consumidores finales tendrán la capacidad de proveer a la Agencia con información crucial, facilitando la detección de irregularidades fiscales.

 

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El preámbulo de la nueva legislación subraya la importancia de involucrar a los consumidores y destinatarios de las facturas en la cadena de cumplimiento tributario. Gracias a este código QR, cualquier persona podrá, si así lo desea, enviar datos esenciales de la factura a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de manera voluntaria. Esto se puede hacer cómodamente desde un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo habilitado para leer y transmitir datos.

 

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Revolución tecnológica en la facturación en España

 

La Agencia Tributaria se encuentra en la vanguardia de la innovación tecnológica, preparando el terreno para una plataforma revolucionaria en su sede electrónica. Aunque aún está en fase de desarrollo reglamentario, este avance permitirá a los usuarios acceder a una ruta específica o utilizar una aplicación dedicada para enviar información relevante a la autoridad fiscal.

 

Este sistema permitirá a los receptores de facturas confirmar si la documentación recibida ha sido, de hecho, enviada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria por el emisor. Este paso no solo refuerza la transparencia, sino que también garantiza la veracidad de las operaciones fiscales.

 

Es importante destacar que la acción de remitir información no se considerará como una denuncia formal ante el público. Sin embargo, la Agencia Tributaria se reserva el derecho de utilizar los datos proporcionados por los receptores de las facturas en el marco de sus competencias para la aplicación de los tributos.

 

Las empresas deben adaptar el Reglamento Veri*factu antes del 1 de julio de 2025.

 

Bajo la nueva normativa, se busca empoderar al consumidor, incentivándolo a ser partícipe activo en el proceso fiscal al solicitar y remitir los comprobantes de sus transacciones. Este enfoque tiene como finalidad permitir que el contribuyente verifique el registro y la precisión de los datos consignados en sus facturas, fomentando así una mayor transparencia fiscal.

 

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Regulación de la facturación

El reglamento subraya también la imperiosa necesidad de que empresarios y profesionales emitan facturas por todas sus operaciones, integrando un sistema de registro informático robusto. Este sistema debe ser seguro, a prueba de manipulaciones, y accesible, con una estructura y formato estandarizados que faciliten la legibilidad y análisis automático de los registros, así como su transmisión simultánea a la Administración tributaria.

 

En cuanto a la custodia de datos, el reglamento establece medidas estrictas para garantizar la integridad, autenticidad y trazabilidad de los registros. Estas medidas incluyen la implementación de una cadena de datos en las facturas, huellas digitales que verifiquen el contenido, códigos QR para capturar y digitalizar información impresa, estandarización de formatos y el uso de firmas digitales para asegurar la inmutabilidad de los registros.

 

Este conjunto de herramientas no solo busca una mayor efectividad en la revisión tributaria por parte de las autoridades competentes, sino que también procura facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto ha sido corroborado por la experiencia en países donde se ha implementado esta metodología de transmisión de datos de forma anticipada o inmediata en relación a las operaciones realizadas.

 

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Para alcanzar estas metas, la normativa destaca la importancia de adoptar controles y medidas de seguridad apropiadas en los sistemas informáticos de facturación, reconociendo su papel crucial en el cumplimiento de los requisitos legales y en el soporte de los procesos informáticos fundamentales.

 

Las novedades en la facturación

 

  • Innovación del Código QR: Tanto empresarios como consumidores finales tendrán la capacidad de compartir voluntariamente información específica de sus facturas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Aunque este acto no se considera una denuncia pública, la información será de gran utilidad para la Agencia.

 

  • Fortalecimiento contra el Fraude: La legislación recalca la obligación ineludible de generar facturas por todas las actividades comerciales de empresarios y profesionales.

 

  • Garantía de Datos Fidedignos: Se establece la exigencia de que todas las transacciones sean registradas en un sistema informático que sea seguro, inalterable y accesible, con un formato estandarizado que mejore la legibilidad de los registros, su análisis automático y su envío simultáneo a la Administración tributaria.

 

Elevación del Control Fiscal a través de la Facturación Electrónica

 

El mandato legal que exige a todos los empresarios y profesionales expedir, enviar y recibir facturas electrónicas en sus operaciones comerciales marca un hito hacia la digitalización completa de las transacciones empresariales. Este cambio, inaugurado por la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial y documentado en el BOE en septiembre de 2022, no solo es un salto hacia la modernidad, sino también un medio para que la Agencia Tributaria supervise las transacciones con mayor eficiencia.

 

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El Gobierno destaca que esta es una estrategia para digitalizar las relaciones comerciales, minimizar los costos de transacción y aumentar la transparencia en las actividades mercantiles. Además, se considera una herramienta esencial para combatir eficazmente la morosidad en las operaciones comerciales.

 

El punto de partida para superar este desafío es la disponibilidad de datos fiables sobre los plazos de pago reales, algo que el Ejecutivo identifica como un obstáculo significativo para el crecimiento de las pymes. La meta es que la factura electrónica arroje luz sobre las transacciones entre empresas y autónomos, registrándolas en plataformas electrónicas que mantengan conexión directa con Hacienda y continuar así la lucha contra el fraude.

 

Se anticipa que la adopción generalizada de la facturación electrónica incrementará el número de operaciones bajo supervisión fiscal a aproximadamente 1.000 millones para el año 2025, de acuerdo con estimaciones oficiales.

 

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